Ricardo Ferro

Cerrando filas por Ibagué

Rendirse no es una opción. La Administración y el Concejo Municipal deben perseverar en la protección del agua, la salud y el medio ambiente.

Es indudable que la minería se salió de madre, hasta la explotación legal. Por mucho que las empresas mineras pretendan hacer bien las cosas, las consecuencias para el medio ambiente son evidentes. Eso ya no tiene discusión.

No se pueden bajar los brazos por el hecho de que el gobierno departamental haya demandado ante el Tribunal el acuerdo 012 de 2017, porque a pesar de aquello, se cuenta con las herramientas jurídicas desde lo local para proceder.

En primer lugar está ese cambio fundamental que se dio entre la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991 en lo que tiene que ver con la propiedad del subsuelo. Ya no se puede decir que la propietaria del subsuelo es exclusivamente la Nación, sino que ahora también son titulares de ese derecho las entidades territoriales. En tal sentido la Corte se ha pronunciado sobre cómo desde 1991 ya no se hace referencia a la Nación, sino al Estado como propietario del subsuelo.

También se debe tener en cuenta el argumento de la propia Corte cuando analizando los efectos de la minería en el suelo, concluyó que es imposible pensar en intervenir el subsuelo sin afectar el suelo. Son indiscutibles los cambios que se presentan en un territorio cuando se permite o no la minería.

Adicionalmente, no se puede olvidar que los municipios están facultados para ordenar sus territorios a través de los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que los desarrollan.

Por otro lado están observaciones en materia presupuestal expuestas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  Pero en tal sentido, faltaría más que primaran en esta decisión los efectos que tiene en el presupuesto nacional el hecho de impedir la minería, a otros más relevantes como las afectaciones en el agua, la salud y el medio ambiente que se padecen desde lo local.

Muy recomendable en esta discusión resulta la Sentencia T-445 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, la cual precisamente abrió el camino para que los municipios no sigan siendo convidados de piedra en el tema de la minería.

Si al final este round lo pierde el medio ambiente, será más por cuestiones de forma que de fondo.  En tal caso, y aunque suene exagerado, no hay que descartar la opción de avanzar, no en la aprobación de un acuerdo que se limite a prohibir la minería, sino uno que modifique el plan de ordenamiento territorial actual (revisión), para lo cual obviamente se deberá proceder conforme a la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, tanto en su trámite, así como en su adopción y contenidos.

 

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